El aborto es legal en la Ciudad de México, pero en un centro antiaborto vinculado a grupos cristianos de EU, sus ‘especialistas’ difunden mentiras y tratan de disuadir a las mujeres.

“Pásale mi amor, ahorita viene la señora”, dice una mujer al recibirme en el Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana en el sur de la Ciudad de México. “Bienvenida, te voy a dar un abrazo”, agrega, con un beso en la mejilla. 

Su saludo es cálido y se ajusta a la descripción de la organización que aparece en línea, al definirse como “un colectivo de mujeres que sabemos lo difícil que es enfrentarte a un embarazo no deseado”, que prometen “te acompañamos, con seguridad y discreción”.

El aborto es legal en la Ciudad de México desde 2007, cuando se convirtió en el primer estado del país que lo despenalizó, seguido solo por Oaxaca el año pasado. Pero no todas las mujeres que tienen un embarazo en crisis saben a qué servicios pueden acceder, ni cómo.

El centro al que asistí se promociona a las mujeres en los sitios web interrumpir-embarazo.com y aborto-mexico.com como un grupo de apoyo para mujeres con embarazos no deseados.

Pero lo que este anuncio no te dice es que este centro es parte de una red de ‘centros de crisis de embarazo’ antiaborto (CPC, por sus siglas en inglés) respaldada por grupos cristianos conservadores de Estados Unidos que están vinculados al gobierno de Donald Trump. 

Estos grupos han gastado millones de dólares en todo el mundo en proyectos que han sido condenados por ‘engañar y defraudar’ a mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad, de acuerdo con una investigación de openDemocracy.

Asistí a un centro en la Ciudad de México un día por la mañana, señalando que estaba embarazada pero no quería tenerlo pues no era planeado. Esperé en una sala sin ventanas con una pequeña cama improvisada y una almohada.

La mujer que entró me advirtió que cada aborto conlleva extremos riesgos para la salud y me dijo, refiriéndose a la píldora abortiva y de forma incorrecta: “¿Sabes que no te aceptarían en un hospital al llegar con una hemorragia si te automedicaste?” 

Durante un período de 50 minutos, me mencionó a mi compañero y a su “derecho a elegir”, más de 20 veces, e incluso me dijo que necesitaría el consentimiento escrito de él o de un familiar para acceder a un aborto legal, lo cual no es correcto.

Colocó copias de los supuestos formularios de consentimiento sobre el escritorio entre nosotras. En el papel había espacios para dos firmas. 

“Si se perforó el intestino o si hubo daño al útero, estás teniendo una hemorragia, no se detiene la hemorragia, tú estarías autorizando, junto con tu novio, que si fuera necesario tuviera que retirarse el útero”, me dijo. 

“¿Mi novio tendría que firmar?” pregunté. 

“Sí, se necesita un familiar o alguien responsable”, respondió. 

No existe ninguna ley que diga que una mujer necesita el consentimiento de su pareja o de un familiar para poder acceder a un aborto en la Ciudad de México, donde es legal dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. 

De hecho, los centros que visité en la Ciudad de México no son ‘centros de crisis’ neutrales o grupos de apoyo imparciales. Son parte de una red regional de proyectos antiaborto respaldada por dos grupos cristianos conservadores de Estados Unidos. 

Esta red, llamada Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), se fundó en la década de 1980 luego de que un activista local asistiera a una conferencia en los Estados Unidos organizada por Human Life International (HLI), con sede en Virginia, que también se opone a los métodos anticonceptivos. 

La red CAM es también una socia clave del grupo cristiano conservador con sede en Ohio Heartbeat International que celebró sus “nuevos amigos en Washington”, incluido el vicepresidente de Trump Mike Pence que ha dado charlas en sus eventos. 

En 2017, una investigación reveló que las menores inmigrantes que solicitan un aborto mientras están bajo custodia federal en la frontera con México son enviadas a centros de asesoramiento recomendados por Heartbeat. 

Juntas, HLI y Heartbeat han gastado al menos 2.2 millones de dólares en América Latina desde 2008, de acuerdo con sus declaraciones tributarias en los Estados Unidos. 

Las declaraciones de Heartbeat también especifican que han financiado con miles de dólares en los últimos años a la red CAM en particular, por lo que se describe como “la capacitación, el asesoramiento y el apoyo de nuestras filiales comunes”.

En los Estados Unidos, estos grupos han sido pioneros y han respaldado ‘centros de crisis de embarazo’ desde su fundación, hace casi 50 años, en medio de la legalización del aborto en dicho país, donde estos centros han protagonizado numerosas controversias.

Diseñadas con frecuencia para parecerse a clínicas médicas o servicios de asesoramiento imparciales, su personal se integra por activistas entrenadas para disuadir a las mujeres de que accedan a un aborto. Alrededor del mundo, las periodistas encubiertas documentaron muchas tácticas similares en estos centros.

Por ejemplo, en varios países, el personal de las ‘filiales’ de Heartbeat les dijo a las periodistas que el aborto causa cáncer. En varios centros, también les dijeron, al igual que cuando estuve en México, que necesitaban el permiso de su compañero para tener un aborto.

En respuesta a los hallazgos de openDemocracy, Marta Lamas, académica feminista y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, se expresó diciendo: “Realmente es muy escandaloso toda la estrategia de atemorizar diciendo mentiras. Estoy muy impactada.”

“Son como la prueba de algo que suponíamos y que sabíamos que existía de una campaña de mentiras y de engaños de los grupos de derecha fundamentalistas pero nunca habíamos tenido la prueba,” agregó.

Patricia Mercado, senadora del partido Movimiento Ciudadano, dijo que estos centros están “aprovechando una laguna de manera tramposa” al no anunciarse explícitamente como un lugar donde un médico puede interrumpir un embarazo, por lo que quedan fuera de la supervisión regulatoria.

“Más que una legislación, es una política pública para que el Estado haga una difusión masiva de los servicios de interrupción del embarazo que son legales”, dijo Mercado en un correo electrónico.

En una declaración por escrito, la secretaria Salud de la Ciudad de México Oliva López declaró que “ante quejas ciudadanas expresadas por diversas vías, sobre desinformación, información dolosa, mala atención, la SEDESA emprende acciones de revisión, vigilancia y monitoreo y de ser el caso sanción, a través de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México cuya atribución es ejercer funciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria.”

Desde México hasta Sudáfrica

En los Estados Unidos, varias investigaciones previas han documentado la desinformación y la manipulación de los llamados ‘centro de crisis de embarazo’. Un artículo de 2016 en Psychology Today los describió como algo que “trauma a las mujeres a través de la decepción”.

Durante los últimos nueve meses, openDemocracy trabajó con periodistas encubiertas que se pusieron en contacto con filiales de Heartbeat en 18 países, incluso en toda Europa, África y América Latina, donde Heartbeat tiene 70 filiales solo en México.

En los distintos países el personal de estos centros les dijo de forma errónea que el aborto mata, causa cáncer, esterilidad, ataques cardíacos y enfermedades mentales.

En Costa Rica, a nuestra periodista le dijeron que un aborto podría ponerla en riesgo de sufrir infecciones graves o coágulos de sangre, paro cardiorrespiratorio y parálisis cerebral, o que tal vez no podría controlar su ira luego de un aborto cuando su “vida se convirtiera en un infierno”.

En muchos casos, los centros no divulgaron sus posturas antiaborto en línea. En cambio, muchos se presentan como grupos proaborto. Uno en Ecuador dice: “No cambies tu vida. Es tu decisión”, y aparenta ofrecer misoprostol. 

El centro de Costa Rica usa el eslogan “Un embarazo inesperado: soy libre” y tiene un anuncio en quieroabortarcr.com. Aunque dentro de este centro, el personal elogió a Trump y dijo ser parte de una red que se extiende por toda América que se reúne cada dos años para una capacitación.

Mientras tanto, en España, donde las únicas otras ‘clientas’ en la filial de Heartbeat que visitó nuestra periodista eran mujeres migrantes latinoamericanas, a esta le dieron una copia de un artículo que advierte que las mujeres que tienen abortos son “99% más propensas” a abusar físicamente de otros niños, y que este número aumenta a 189% si tienen varios abortos.

Un segundo centro que visité en la Ciudad de México muestra en su Facebook una foto de una médico con un estetoscopio colgado del cuello y una bata de laboratorio, con la descripción: “¿Quiénes somos? Especialistas en el aborto con fármacos”. El mensaje oculta su postura antiaborto. 

Sin embargo, en persona, el centro no parecía una clínica médica, y la mujer que me recibió me preguntó casi de inmediato sobre mi religión y quiso saber: “¿Por qué no quieres tener a tu bebé?”

Cuando le pregunté si era médico, admitió que no, pero aún así me ofreció un ultrasonido y tratamiento psicológico para el ‘síndrome post aborto’. 

Este supuesto ‘síndrome’, largamente sostenido por los grupos antiaborto en los Estados Unidos como una condición grave y postraumática sufrida por las mujeres luego de los abortos, ha sido refutado por los cuerpos médicos mundiales, ya que es defectuoso y no tiene un sustento científico.

En este centro, también me dejaron sola dentro de una sala para que viera un video que describía cómo tener un aborto médico podía matarme. También se proyectan estos videos en centros de Costa Rica e Italia.

Mientras tanto, a las periodistas en Argentina y en Ecuador les mostraron videos gráficos que incluían a un feto siendo desmembrado y primeros planos de un cuello uterino dañado. 

En respuesta a los descubrimientos de openDemocracy, Regina Tamés, directora ejecutiva saliente del grupo de derechos reproductivos llamado Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) manifestó que “el problema con estas ‘clínicas’ es que omiten información o la tergiversan”.

“Son estrategias que no solo vemos en México”, agregó. “Es una estrategia internacional y global y creo que es parte de engañar a las mujeres y no proveerles con toda la información necesaria para tomar una decisión responsable.”

“No entendemos cómo con tanta mentira les permiten funcionar”, declaró Ana María Camarillo, presidenta de la red de derechos reproductivos de la Ciudad de México Colectivo de Asociaciones para la Interrupción Legal del Embarazo (CAMILE). 

“Consideramos que están fuera del marco legal completamente”. 

En respuesta a las preguntas de openDemocracy, Heartbeat International recurrió a recientes sentencias de los tribunales estadounidenses, para justificar que, bajo los derechos de la Primera Enmienda de la constitución de ese país, tribunales dictaminaron que los ‘centros de crisis de embarazo’ no pueden ser obligados a proporcionar a las mujeres información sobre los servicios de aborto.

“Respaldamos firmemente nuestro Compromiso de Atención … y todos nuestros recursos de capacitación diseñados para la comunidad de ayuda durante el embarazo”, dijo Cindi Boston-bilotta, vicepresidenta de Heartbeat Internacional. 

“Diferentes países tienen sus culturas y formas variadas de comunicación, el hecho es que el aborto conlleva riesgos para las mujeres.

“Con amor y verdad, nuestro objetivo es ayudar a la clienta a comprender el aborto de manera más completa, para que realmente pueda tomar una decisión informada”, aseguró.

Human Life International no respondió a la solicitud de openDemocracy.

Con información de Animal Político y Open Democracy