por las restricciones legales y que tiene graves consecuencias sanitarias y económicas, apuntan los expertos. El 45% de las 55,7 millones de interrupciones voluntarias del embarazo que se producen cada año en el mundo se realizan en condiciones peligrosas, según un estudio elaborado por la OMS y el Instituto Guttmacher —especializado en derechos reproductivos— difundido este jueves, coincidiendo con el día internacional por el aborto seguro. El informe, publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, revisa datos de 182 países recopilados por Naciones Unidas entre 2010 y 2014, y los complementa con publicaciones científicas y entrevistas a expertos. Concluye que el 97% de los abortos peligrosos se producen en África, Asia y América Latina, donde a los impedimentos legales se unen las barreras para lograr métodos anticonceptivos eficaces, y reclama a los Gobiernos que garanticen el acceso seguro a esta intervención sanitaria. De hecho, insisten, las leyes más restrictivas no reducen los abortos sino que los aumentan y convierten en clandestinos e inseguros. “Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias. Esto no debería pasar”, insistió Bela Ganatra, del departamento de Salud Reproductiva de la OMS y autora principal del estudio. “Sin embargo, pese a la evidencia y a los recientes avances en mteria de tecnología, siguen produciéndose demasiados abortos peligrosos y demasiadas mujeres continúan sufriendo y muriendo”, añadió Ganatra. Las cosas han cambiado mucho en la última década. Los procedimientos invasivos, practicados por aborteras en la mesa de la cocina han dado paso, mayoritariamente, a la auto administración de fármacos para interrumpir el embarazo. Sin embargo, alertan estos expertos, el empleo de medicamentos inapropiados, sin control o suministrados por personal no cualificado entraña también riesgos para la salud de las mujeres. En América Latina, donde imperan algunas de las legislaciones más restrictivas del mundo —al menos cinco países prohíben esta intervención completamente— y donde solo uno de cada cuatro abortos se practica en condiciones seguras, se ha incrementado el número de mujeres que recurren a fármacos como el misoprostol, pero fuera de los canales sanitarios. Muchas veces los obtienen en el mercado negro o a través de Internet. Aunque también existen ONG —como la histórica Women on Waves— que luchan contra el aborto clandestino y sus efectos, que dan asistencia médica online o telefónica para que las mujeres puedan recibir consejo médico y cierta supervisión. El aumento de esa fórmula ha hecho que se reduzcan las muertes y las complicaciones más graves derivadas de los abortos clandestinos más invasivos, pero no las ha hecho desaparecer, apuntan sin embargo los expertos de la OMS y Guttmacher. Tampoco se ha abandonado el uso de ácido, de sondas o de hierbas, alerta Morena Herrera, de la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Sobre todo en el medio rural, por parte de las mujeres más pobres y menos formadas (y por tanto más vulnerables). En este país centroamericano, en el que la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en todos los casos, hay al menos 24 mujeres presas por delitos relacionados con el aborto. Y no es el único, la realidad se repite en otros países como México o en Honduras. La OMS divide los abortos peligrosos entre “menos seguros” —en los que incluye, por ejemplo, el uso de fármacos— y “nada seguros” y recalca que estos últimos son un 14% de esos 25 millones. La mayoría de ellos —que se basan en la introducción de objetos extraños y el uso de brebajes de hierbas— se produce en países de África o Asia, en los que, además, los sistemas sanitarios son frágiles. Estados en los que tendrán efectos enormemente nocivos las últimas políticas de la Administración estadounidense de Donald Trump, alertan las ONG. Si no se resuelve, el veto del presidente norteamericano a las entidades que tengan proyectos relacionados con el aborto en países en desarrollo —incluidos programas para luchar contra el aborto inseguro— puede hacer retroceder años de avance, avisan. De hecho, El Instituto Guttmacher,  ha calculado el efecto de esas restricciones en los proyectos de planificación familiar. Y sus cifras asustan. Por cada tijeretazo de 10 millones de dólares unas 440.000 mujeres y parejas se quedarán sin servicios de contracepción, se producirán 95.000 embarazos no planificados (incluidos 44.000 nacimientos no planeados), se realizarán 38.000 abortos (de los cuales 30.000 serán inseguros) y se producirán 200 muertes maternas más al año en todo el mundo. Con información de El País.[:]]]>