Con los dichos de los diputados de Morena como “hay que pensar antes de abrir las piernas” y los pines de bebés que usaron los diputados del PAN, parece apremiante hablar de la situación del aborto en Puebla. ¿Hay esperanza para la libre decisión de las mujeres del estado?
Sea con cárcel o con trabajo comunitario, el estado de Puebla se niega a reconocer al aborto como un derecho de la mujer. Mientras que el aborto se legalizó en la CDMX a partir del 2007, en Puebla sigue (y aparentemente seguirá) penado.
Según la sección XIII del Código del Estado de Puebla, se considera aborto a la muerte del producto de concepción en cualquier momento de la preñez. Aquél que haga abortar a una mujer, de manera con el consentimiento de ésta, tendrá una sentencia de uno a tres años en prisión. Si, por otro lado, el aborto se hace sin el consentimiento de la mujer, aquél que lo realice tendrá una sentencia de seis años y ocho si fuera de manera violenta. Si el aborto fuera realizado por un médico, además de la sanción previa, también perderán el uso de su licencia durante dos a cinco años.
En al artículo 342 de la misma sección se estipula que la madre que aborte tendrá una sentencia de seis meses en prisión mientras ocurran las tres circunstancias siguientes:
- Que no tenga mala fama. (Sí, en pleno 2019)
- Que haya logrado ocultar su embarazo.
- Que el embarazo no sea producto de un matrimonio.
Si la mujer no contara con alguno de estos elementos, el tiempo de sentencia aumentaría de uno a cinco años en prisión. Aunque se estipula que el aborto no será sancionable en caso de violación, eugenesia, imprudencia y peligro de muerte; la legislación no prevé el procedimiento para que este derecho se cumpla. Es decir, no existe el procedimiento. Si, por ejemplo, una mujer quisiera abortar con motivo de una violación, se tendría que realizar un juicio contra el violador que tardaría más del tiempo autorizado para realizar el aborto.
A pesar de esto, Puebla se mantiene en el tercer estado en realizar más abortos, según la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Las mujeres poblanas se ven en la necesidad de acudir a la CDMX para poder abortar. Sin embargo, de 2006 a 2017 se han presentado 55 denuncias, 37 juicios, 13 sentencias y 5 personas han sido recluidas en prisión por cargos de aborto.
Sin tomar en cuenta estos números, los políticos de Puebla se niegan a discutir sobre el aborto. Ludivina Sandoval, diputada del PAN, sostuvo que aunque en la CDMX el aborto es legal, el número de muertes no ha disminuido. Bajo este precepto, considera que no es momento de tomar una postura ante el aborto, sino centrarse en temas de “mayor importancia”.
Mientras que la priista Rocío García Olmedo propone cambiar la pena a hacer trabajo comunitario en lugar de ir a prisión, sus contrapartes del PAN se manifiestan contra la iniciativa junto con integrantes del Frente Nacional por la Familia. Diputados del PAN portaron un pin de un bebé para mostrar su desacuerdo ante la iniciativa.
Con información de Plumas atómicas
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