interrupción legal hasta la semana 12 de gestación. La actual legislatura ha presumido de manera recurrente su productividad, al emitir más acuerdos de cambios de normas vigentes – en solo dos años-, pero al igual que la pasada diputación, se ha negado a atender los cambios a artículos de la ley local que garantizarían el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. La presión de la iglesia y los ideales partidistas o las creencias personales se han impuesto a la obligación de legislar de las últimas dos cámaras, y el caso se podría repetir a partir del 5 de noviembre, cuando entre en funciones la LXV Legislatura, luego de que diputados de Encuentro Social afirmaron que promoverán leyes provida, y los de Morena, que serán mayoría, reconocieron que el tema es importante, pero no prioritario. La interrupción legal del embarazo, no formará parte de la agenda legislativa, al menos en los primeros meses de trabajo, cuando tendrán -entre otras tareas- la de aprobar el presupuesto para el 2019, y cambiar la estructura orgánica para generar un ahorro de 7 mil millones de pesos, como lo planteó el gobernador electo, Cuitláhuac García. Veracruz: Dos alertas de género vs «defensa» de la vida En noviembre del 2016 la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitió una Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para 11 municipios del Estado, por el número de casos de feminicidio. En ese entonces, emitió una serie de recomendaciones que obligan a la autoridad estatal y municipal a garantizar la seguridad de las mujeres y realizar acciones de prevención, ante el número de asesinatos que se habían registrado. Fue la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC, la que formalizó la petición. Los municipios incluidos en la alerta son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. Un año y un mes después, en diciembre del 2017, la Conavim emitió una segunda Alerta de Género, esta vez por agravio comparado, es decir, la violencia institucional que se generaba al sancionar la interrupción legal del embarazo y la negación del Estado a brindar el servicio cuando se presentaban algunas causales. Con la nueva alerta se solicitó la modificación del Artículo 149 del Código Penal, se planteó ampliar a 12 semanas el periodo para poder interrumpir de manera legal el embarazo; se pidió dar publicidad a la norma oficial 046 para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a al aborto tras una violación. También, se debía garantizar que se cuente con centros de salud en todas las regiones del estado para que se otorguen los servicios oportunos, seguros, de calidad y gratuitos para la interrupción legal del embarazo. El principal planteamiento, que iba dirigido al poder Legislativo a la fecha sigue sin acatarse. Previo a la recomendación, en el mes de septiembre de ese mismo año, Morena planteó una modificación al ordenamiento local, pero las comisiones unidas lo declararon improcedente. Su argumento final fue que no podrían validar la interrupción durante la gestación, pues la Constitución defiende la vida desde el momento de la concepción. El día 24 de septiembre, con la asistencia de solo 27 de los 50 diputados locales de Veracruz y en medio de protestas de grupos de defensa de los derechos de las mujeres, el Congreso del Estado votó en contra las modificaciones al Código Penal del Estado para ampliar a 12 semanas de gestación la interrupción legal del embarazo. Previo a la sesión en conferencia de prensa en Palacio Legislativo, los diputados integrantes del PRI, Morena y Juntos por Veracruz advirtieron que no asistirían a las sesiones solemne y extraordinaria, debido a que no estaban representadas todas las fuerzas políticas y en consecuencia carecía de legalidad la reunión de trabajo. En ese momento se disputaba la Presidencia de la Junta de Coordinación Política que el PAN arrebató a Morena al crear una «mayoría a modo»; forzó la incorporación de diputados de otros grupos parlamentarios al albiazul, en su intento por no ceder los órganos de gobierno y el control económico de la Cámara. ONG´s y Juzgados exhortan al Congreso de Veracruz A raíz del actuar de los diputados se han emitido una serie de recomendaciones de organismos defensores de Derechos Humanos, incluso de ONU mujeres, que les piden cumplir con los cambios al código. El pasado 02 de julio el juez décimo octavo de Distrito concedió dos amparos a organizaciones civiles por considerar que una omisión legislativa violenta el derecho humano a la protección de la dignidad humana de la mujer, derecho de la no discriminación, derecho a la libertad y a la salud sexual y reproductiva y derecho a la salud de las mujeres veracruzanas. Dichas acciones se derivan de la omisión de los diputados locales panistas para no reformar el Código Penal de Veracruz. El emplazamiento tenía fecha de caducidad, los legisladores debían presentar las reformas antes del 31 de julio, cuando venció el periodo ordinario de su segundo año de gestión. Al igual que en septiembre y diciembre del 2017, insistieron que nadie los podía obligar a legislar, pues eso violentaba la autonomía del Congreso, y aun y cuando se sometiera a votación el dictamen, este sería improcedente por la restricción que establece la Constitución. En su defensa legal, los legisladores locales presentaron un recurso de revisión el 19 de julio, para que se verifique la sentencia del juez décimo octavo de distrito, incluso, se pidió que la Suprema Corte atraer el caso, ante el recurso de inconstitucionalidad que persiste desde el año 2016, tras la modificación al artículo 4to de la Constitución local que defiende la vida desde el momento de la concepción. Próxima Cámara obligada a acatar la sentencia de la SCJN Aracely González Saavedra, integrante de la organización Equifonía AC, mencionó que la agrupación ya solicitó de manera formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a que atraiga el caso ante la resistencia del Poder Legislativo de modificar el código penal. La postura de los Ministros será contundente y no la opinión o creencia política de los actuales legisladores, ni de los electos podrá cambiar la sentencia, que conían, buscará garantizar el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y aunque un diputado electo tenga una opinión personal sobre el tema, está no tiene por qué anteponerse ante la resolución de la Suprema Corte. «Sabemos que es un proceso largo que le va a tocar a la siguiente legislatura, por lo que es muy importante que las y los diputados electos tengan conocimiento acerca de esta problemática y acerca del marco jurídico vigente y las implicaciones que va a tener para el Congreso lo que determine la Suprema Corte», expresó en entrevista. La defensora de los derechos humanos de las mujeres, insistió que los nuevos diputados tendrán que atender lo que es un problema de salud pública, y dejar de lado su opinión personal. Con información de La Silla Rota.]]>