interrupción legal del embarazo (aún falta el Senado), para que las mujeres puedan tener acceso a esta práctica de una manera segura e higiénica, tal como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pregunta es si este antecedente en América motivará la discusión en otros países del continente, como México. En México, el aborto está tipificado como delito en todos los estados menos en la Ciudad de México, donde es legal desde hace una década dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, en el resto de los estados las mujeres que abortan son criminalizadas y pueden ir hasta un año a la cárcel, excepto si el embarazo es resultado de una violación o por problemas de salud que pongan en riesgo la vida de la madre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que «las mujeres tienen el derecho de decidir libre y responsablemente si quieren tener un hijo y cuándo, sin coerción, discriminación ni violencia». Y agrega que negar el acceso a este derecho reproductivo afecta principalmente a las mujeres de escasos recursos, quienes no tienen otra opción que acudir a proveedores inseguros. La OMS calcula que cada año en el mundo se realizan 22 millones de abortos peligrosos, de los cuales 47 mil provocan defunciones y más de cinco millones conllevan complicaciones como infecciones, hemorragias y perforaciones uterinas.  Se estima que en México cada año se realizan más de 847 mil abortos clandestinos. En el documento Aborto sin riesgos: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud, el organismo que depende de la ONU añade que «las leyes y políticas referidas al aborto deben proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres, es necesario eliminar las barreras regulatorias, políticas y programáticas que obstaculizan el acceso a la atención para un aborto sin riesgos y su prestación oportuna». En Jalisco 44 personas han pisado la cárcel por un aborto Mientras que en otras partes del mundo es una realidad la legalización de la interrupción del embarazo, en Jalisco desde el año 2007 hasta el año pasado, un total de 44 personas han ido a prisión por la práctica de un aborto, según información de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. De estas, 25 son mujeres que en su mayoría fueron sentenciadas en el Estado a una pena de cuatro a ocho meses de prisión. En el Código Penal de Jalisco, el aborto es un delito y considera «cuatro meses a un año de prisión a la madre que, voluntariamente, procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin y que el aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses del embarazo.  Si el aborto se efectúa después de los primeros cinco meses del embarazo se duplicará la pena». La Fiscalía también dio a conocer por medio de una respuesta vía transparencia, que en ese mismo periodo de tiempo (2007-2017) se han abierto al menos 225 investigaciones por aborto. La mayoría de las mujeres son denunciadas ante el Ministerio Público por parte del personal médico, según un estudio de la organización Civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Se quedó en intentos En Jalisco, ha habido algunas muestras de interés por reconocer este derecho para las mujeres, en el 2011 la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática promovió una iniciativa por parte del diputado Raúl Vargas, que pretendía reformar el Código Penal y la Ley de Salud de Jalisco. En ese entonces señaló que, como médico, él no deseaba abortos, pero reconocía que es un derecho de la mujer que como legisladores deben promover. «Es una tragedia que la mujer que decida interrumpir su embarazo lo haga en condiciones de inseguridad para su salud». No obstante, la iniciativa no avanzó en el Legislativo al no contar el apoyo de otros partidos. Lo que sí se eliminó en 2012 fueron agravantes de penalización por la interrupción del embarazo «la mala fama, ocultar embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima», que le aumentaban años de prisión a la mujer. El ex diputado, Enrique Velázquez declaró a este medio su interés en el año 2013 de promover una iniciativa que despenalizara el aborto, sin embargo nunca la llevó a cabo. En ese año dijo que «hace mucho que tendríamos que haber tocado el tema de la despenalización en Jalisco y ese sería un gran avance, desafortunadamente sigue habiendo el tabú que nadie quiere tocar».  Sólo se han realizado 16 abortos por violación en Jalisco A pesar de que desde 2009 se publicó la Norma Oficial Mexica 046, que obliga a las instituciones de salud pública a ofrecer el servicio de aborto en casos de violación, fue hasta el año 2016 que comenzaron a llevarse a cabo en Jalisco. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Jalisco, obtenida vía ley de transparencia, son 16 interrupciones legales del embarazo por esta causa las que se han realizado en hospitales del sector público, desde que entró en vigor esta norma en 2009 hasta enero de este año. La NOM 046 señala que en el caso de tratamiento en caso de violación sexual, personal de salud deberá atender a la mujer inmediatamente y evaluarla, ofrecerle anticoncepción de emergencia, informarle de los posibles riesgos de infecciones de transmisión sexual y registrar las evidencias médicas de la violación para que pueda acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de que este ocurra y si así lo desea. «En caso de embarazo por violación, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. De los 16 casos de interrupción legal del embarazo por violación que ha realizado la SSJ, cuatro fueron en 2016 y el resto el año pasado. La mayoría de estos se realizaron en el Hospital General de Occidente a mujeres de entre 13 y 40 años de edad. De acuerdo con la guía de interrupción legal del embarazo por causa de violación, realizada por el Gobierno estatal tras la emisión de la alerta contra la violencia hacia las mujeres, la ruta de acceso para solicitar dicha práctica es enviando un escrito al secretario de salud por parte de la víctima con carácter urgente, una vez realizado el procedimiento, la dependencia le brinda seguimiento del proceso médico y psicológico. Con información de El Informador.]]>