interrupción del embarazo aún no es legal en el estado de Jalisco, en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 «Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Prevención y Atención» y la Ley General de Atención a Víctimas se establece que a las mujeres que sufrieron de violación sexual se les garantizará el acceso a la interrupción del embarazo con respeto a la voluntad de la víctima. Sin embargo, en los servicios médicos del estado de Jalisco a Patricia no le permitían abortar. Le dieron medicamentos abortivos no recetados, la humillaron, discriminaron e insultaron al igual que a su madre por ejercer su libre decisión para no tener un bebé producto de una violación. Medicamentos por «debajo del agua» Patricia y su madre solicitaron la interrupción del embarazo, la cual puede hacerse después de que la víctima denuncie al hombre que abusó sexualmente de ella ante el Ministerio Público. «Cuando llegamos a la Secretaría de Salud a llevar un oficio para que nos den apoyo para la interrupción del embarazo es cuando empezamos con muchas negativas», dice la madre de Patricia en entrevista a LA SILLA ROTA. En dos ocasiones les negaron el servicio argumentando que la persona indicada no estaba, sin embargo el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud de Jaliscoles ofreció ayuda con la condición de que no lo comentaran en la fiscalía. Pidió que Patricia tomara vía vaginal un medicamento que él compró con su propio dinero argumentando que «el sector salud de Jalisco no está preparado para un caso así». La madre le preguntó si por el medicamento le iba a dar receta, «No, cuando la niña se empiece a sentir mal y tenga sangrado le va a llamar al encargado de ginecología de Zoquipan», le respondió. Le comentaron que en el Hospital General de Occidente ya habían atendido dos casos similares a los de Patricia. Las pastillas que les dio el abogado encargado de los conflictos legales de la secretaría de salud, se llaman Cytotec. Su función es causar en la mujer contracciones que la hagan arrojar el producto. Tomó tres días las pastillas, pero las dejó porque las molestias que le causaban eran inaguantables. «A la segunda pastilla, Patricia ya se sentía muy mal, con ganas de vomitar, le dolía mucho el abdomen y empezaba arrojar sangre. No la podía parar de la cama, estaba muy débil, mareada. La vagina se le inflamó muchísimo», recuerda su madre. Asustada por las reacciones de su hija al tomar la pastilla, la madre de Patricia se comunicaba por medio de WhatsApp con el doctor encargado del área de ginecología del Hospital General de Occidente, quien le decía que no podía atenderla hasta que las pastillas hicieran más efectos. «Hasta que venga con seis veces más sangrado me va la a traer». Después de tres días los dolores eran insoportables, al ir al hospital los doctores le hicieron un tacto que lastimó a Patricia. El doctor le recetó seguir tomando las pastillas a pesar de los efectos que habían causado. Le dio a su madre un frasco blanco con pastillas, al cual le quitó la etiqueta. «Le voy a quitar la etiqueta a todo, porque si la ve la policía afuera la detienen porque es un medicamento prohibido», explicó el ginecólogo. «Desde ese momento yo me sentí muy mal, no me cuadraban las cosas. Empecé a grabar las conversaciones porque no me estaban dando ninguna receta, y si se me moría Patricia la responsable iba a ser yo, porque ellos se lavaron las manos», dice su madre. Esto, al contrario de lo que establece la norma 046,  «se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables». Humillaciones del personal médico Al estar en el hospital, después de los tres días que tomó las pastillas, el trato de enfermeras y doctores hacia Patricia y su madre era discriminatorio. «Veían a Patricia de forma lasciva como si tuviera la culpa de lo que le había pasado», dice su madre. Antes de realizar el legrado, el doctor que seguía su caso enfureció y dijo frente a la menor «aquí no es una demoledora, ni aspiradora de bebés», recuerda la madre de la joven. Argumentaba que la situación de la menor le estaba causando conflictos con el personal del hospital porque eran católicos y «tenían conciencia» y por eso no estaban de acuerdo con el procedimiento abortivo. En marzo de 2016 se realizó una modificación a la NOM 046, en la que se establece que el personal médico puede abstenerse de realizar procedimientos abortivos si esto no se apega a sus creencias, apelando a la objeción de conciencia. Sin embargo, el procedimiento de Patricia se realizó en enero, dos meses antes de esta modificación, por lo que no había razón para que los médicos se negaran a realizar el aborto. Y aún así, la nueva modificación señala que  «las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad». A pesar de las humillaciones, Patricia y su madre accedieron a continuar el servicio en el hospital, porque tenían el tiempo encima para hacer el aborto. Otro doctor fue asignado en atender a la joven, pero eso no cambió los tratos indignos. Cuando la menor estaba internada, su madre no pudo estar dentro de la habitación, por lo que en todo momento pedía que le dieran noticias de su hija. El doctor asignado salió y sin darle noticias le dijo «cálmese, mejor fúmese un churro de marihuana para que se controle y se tranquilice», asegura su madre a LA SILLA ROTA. En dos ocasiones el director del hospital le ofreció dinero a la madre de Patricia. «Vaya se a comer algo», «le doy esto de amigos», le decía la madre, quien no recibió el dinero y sólo le exigió que atendieran a su hija. «Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada Patricia no tuvo una interrupción de embarazo, la hicieron tener un bebé», dice su madre, pues al no hacerle efecto las pastillas abortivas a la menor le realizaron un legrado. LA SILLA ROTA buscó la postura del Hospital General de Occidente, sin embargo no se obtuvo respuesta. Deficiencias del sector salud en Jalisco La narración del caso de Patricia se encuentra registrada en el expediente de queja 11880/2016, presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Sin embargo, en la resolución que dio la CEDHJ el 31 de mayo de 2017, se concluyó que la menor recibió atención médica de acuerdo con los parámetros y no se acreditó la existencia de maltratos ni actos discriminación. De acuerdo con la visitadora adjunta de la Comisión Jazmin de la Torre, no se ratificaron los hechos. «Si nosotros no tenemos evidencia claras y contundentes de que hubo una violación de derechos humanos de una autoridad en específico, estamos incapacitados para emitir una resolución», dijo en entrevista con LA SILLA ROTA. El abogado de Patricia, Alejandro Méndez del Grupo de Reproducción Elegida (GIRE), dice que se realizó la denuncia a la CEDHJ «para visibilizar el maltrato, la falta de acceso, de sensibilidad, e incluso de medicamentos para la interrupción del embarazo, que son una violación a derechos humanos». Presentaron un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que verifique la resolución de dio la garante a nivel estatal, para reabrir el expediente. «Hay una responsabilidad no solo de los médicos, sino también del Estado, incluyendo la Secretaría de Salud. Es una responsabilidad estructural de las instituciones de salud», dice el abogado, quien asegura, no es el único caso que la organización ha atendido en Jalisco. El 8 de febrero de 2016 fue emitida la Alerta de Violencia Contra las Mujeres en el estado de Jalisco, la cual diferente a la Alerta de Género que emite la Secretaría de Gobernación, esta busca implementar estrategias de protección, prevención, seguridad y justicias para las mujeres y niñas. El gobierno de Aristóteles Sandoval destinó 25 mdp para atender la violencia de género en el estado. «El combate de violencia contra las mujeres no es un tema político sino es un tema de responsabilidad de todos: gobierno y sociedad», dijo el gobernador al emitir la Alerta. Una de las acciones supuestamente inmediatas, era atender el acceso a la justicia, con el fortalecimiento y capacitación del personal para la atención de las mujeres en situación de violencia, sin embargo, casos como el de Patricia aún persisten en la entidad. Para ella y su familia, la ley no las protegió ni trató como debería. «Cómo es posible que sean tan indiferentes con este tipo de casos y que no nada más sea por una, sino por tantas niñas y mujeres que son tratadas así o peor», dice Patricia. Todas las mujeres deben saber que si han sido victimas de violación y a partir de ello atraviesan por un embarazo no deseado, pueden acceder a un aborto legal gracias a la NOM 046, donde ya no es necesario acudir al Ministerio Público, en el sector salud deben atenderlas solo con su palabra; en Marie Stopes se cuenta con subsidios para atender estos casos. También deben saber que si lo desean, cualquier mujer de cualquier estado puede viajar a la CDMX por un aborto seguro si así es su decisión, siempre y cuando sea antes de las 12 semanas de gestación. Con información de La Silla Rota [:]]]>