El Antecedente Hace más de tres años, la PGJ se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien en complicidad con su hermano la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores. La procuraduría la acusó de homicidio y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis: 1) Durante la investigación «perdió» la evidencia que comprobaba, por medio de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal. 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue «una relación sexual consensuada» y ella se provocó las lesiones. 3) Concluyó que se trataba de un «montaje». La denuncia de su familia logró que feministas se organizaran en el «Comité por la Liberación de Yakiri». La presión mediática fue tal que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDH) emitió por ese caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJ por su actuar irregular en el debido proceso de Investigación; el sistema la aceptó. El organismo de derechos humanos fue contundente: la PGJ violó  cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaría, lo que la alejó del acceso a la justicia. Al aceptar la recomendación, la procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la comisión, «un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género». Un nuevo caso, la misma práctica Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del Metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató. Una vez más, la PGJ se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones: 1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez. 2) Tanto a la familia como a la defensa les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando. 3) El personal de la PGJ filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel. 4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del «búnker» la denuncia se levanto pasadas 48 y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia. Ante faltas: la presión social La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad. Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJ. Solo bastaron unas horas y, mediante un boletín de prensa, la procuraduría local resolvió que «la víctima quedaba libre de la responsabilidad porque actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo». Pero el oficio en el que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando. «Que se vayan los servidores públicos» El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDH, porque la procuraduría de la ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia. Para terminar con los actos irregulares de la procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, «administrativa y penalmente si es necesario». Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJ, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no solamente por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR). «El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia», concluye Salas Ramírez. Con información de CIMAC Noticias y Milenio[:]]]>